La entidad que conduce Jorge Brito alertó sobre los perjuicios de una circular del Banco CentralLa entidad que conduce Jorge Brito alertó sobre los perjuicios de una circular del Banco Central Crédito: Télam El plenario de la Asociación de Bancos Argentinos –ADEBA–, que preside Jorge Brito, resolvió por unanimidad, a horas de entrar en vigencia lo dispuesto por las comunicaciones «A 5834 y A 5837 del Banco Central de la República, «iniciar acciones judiciales en defensa del patrimonio» de las entidades. Sorpresivamente, en la tarde del último sábado, la autoridad monetaria, encabezada por Alejandro Vanoli, dispuso una serie de medidas destinadas a forzar a las entidades a que en el término de tres días cambiaran la forma de integrar sus patrimonios con activos dolarizados, con el claro propósito de obtener dólares para apuntalar la diezmada posición de reservas en divisas. La reducción que ordenó pasa del 15% al 5% de la responsabilidad patrimonial computable. «El límite máximo se recalculará mensualmente y su actualización entrará en vigencia el primer día hábil de cada mes», a partir del miércoles 25 de noviembre, aclaró el documento. La entidad que conduce Alejandro Vanoli había ensayado una orden similar para con las compañías de seguro, que fue frenada por la Justicia semanas atrás. LA MEDIDA NO COMPROMETE LOS DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO En la circular, el BCRA determinó además que los bancos deberán constituir una reserva del 3% de las operaciones en moneda extranjera de compra y venta a clientes, por exportaciones e importaciones en los últimos 15 días, en dólares billetes. Al mismo tiempo, exige que integren su Responsabilidad Patrimonial Computable con el equivalente al 10% del monto de depósitos en dólares del sector privado, que se ubican en un valor aproximado de USD 8.500 millones. Naturalmente, la disposición cayó muy mal en el sistema financiero apenas salió a la luz. Fuentes del sector habían dejado trascender de manera informar su fastidio y evaluaban por estas horas los pasos a seguir. Se esperaba que el resultado del ballotage desactivara la medida Según supo Infobae en la tarde del sábado, directivos de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) estudiaban presentar el lunes un recurso ante la Justicia para frenar la medida. Pero el resultado de las elecciones del domingo abrió la expectativa de que la medida sería anulada, y al ver que eso no ocurrió, el plenario de la entidad decidió apelar a la Justicia «en defensa del patrimonio de las entidades asociadas». Los analistas coinciden en que la orden desnuda la debilidad de las reservas, que ya se afirman contablemente por debajo de los USD 26.000 millones, aunque las reales se estima que ya ingresaron en terreno negativo con más de USD 6.000 millones. «Cada vez que las autoridades económicas toman una medida, revelan información. En este caso, la información relevante es, como sucedió con varias de las últimas medidas tomadas por el BCRA, que la situación de reservas líquidas es muy ajustada. Me preocupa, porque expone al sistema financiero frente a una eventual devaluación. Una devaluación que, por cierto, es una de las más anunciadas de la historia argentina», señaló Luis Secco en diálogo con Infobae.

La Corte falló contra la detracción del 15% de coparticipación que realiza el Estado nacional para financiar a la ANSES y obligó a reintegrar esa diferencia percibida desde el 1° de enero de 2006 más intereses

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que declara inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La sentencia, que beneficia a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, contó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Además suspende de manera inmediata los descuentos que el Estado efectúa a la provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.

La decisión del máximo tribunal exige al gobierno nacional y al Congreso que concreten lareforma pendiente del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos dispuesta con la sanción de la Constitución Nacional de 1994. La coparticipación es un mecanismo de distribución de los recursos fiscales entre las administraciones nacional, provincial y municipal para garantizar una provisión de bienes y servicios públicos equitativa en todo el territorio.

La detracción de este 15% de la coparticipación integra un fondo que se retira antes de distribuirla entre las provincias y la Nación. Desde 1992 se dispuso financiar con este dinero a la ANSES, antes de que se constituyeran las AFJP, en un período en el que había un déficit grande de la seguridad social en la Argentina. De esa forma el organismo previsional pudo equilibrar su balance con aportes por encima de la contribución de los trabajadores.

LA CORTE DIO MARCHA ATRÁS CON UNA DÉCADA DE DETRACCIONES SIN ACUERDO DE PROVINCIAS

Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estimó en más de $80.000 millones el monto de la devolución dispuesta por la Corte, si se contabilizan unos $19.800 millones en términos históricos correspondientes a Córdoba y un monto similar para Santa Fe, que tienen coeficientes de coparticipación casi idénticos. Con la actualización, la cifra podría ascender a unos $35.000 millones para cada distrito, más otros $10.000 millones para San Luis.

«Son valores muy elevados pero no descabellados, dados los desequilibrios del sistema de coparticipación que se han venido acumulando en 20 años. Es un desafío para ambos gobiernos, nacional y provincial, negociar cómo se va a hacer tal devolución», explicó Barraud a Infobae. Recordó que el stock de deuda acumulado por Córdoba con la Nación es de $6.745 millones, una cifra que dista de compensar la deuda nacional con la provincia.

«Es llamativo que surja ahora este tema. Con la coparticipación venimos con un incumplimiento con el precepto constitucional de reformularla desde 1996. Es raro el timing, como una piedra en el zapato que va a ser difícil de negociar para el próximo presidente», comentó Barraud.

 

El fallo de la Corte obliga al Estado nacional a «cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días» y «devolver a las provincias la suma retenida indebidamentedesde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan».

El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para hacer efectiva la sentencia, con acuerdo entre las partes sobre forma y plazo para el reintegro.

Un estudio de IARAF con datos al cierre de 2014 determinó que mientras que cada ciudadano de la provincia de Tierra del Fuego recibió durante 2014 $25.174, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le ingresaron $1.895 per cápita. El año pasado Córdoba recibió $7.632 por habitante; Santa Fe, $8.048 y San Luis $13.824, mientras que el promedio nacional fue de 12.014 pesos.

EN UNA PROYECCIÓN NACIONAL, LA DETRACCIÓN INDEBIDA FUE DE $415.000 MILLONES

Con esta decisición, la Corte dejó abierta la puerta a que se produzcan nuevos reclamosdesde otros gobiernos provinciales, pues el Tribunal señaló que «han transcurrido casi 20 años desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación», que en su artículo 75 inciso 2 exige garantizar «la remisión automática de fondos y que contemple criterios objetivos de reparto, que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional»

Ariel Barraud indicó que si se proyecta la detracción del 15% de la coparticipación a nivel nacioinal, el monto deducido por el Gobierno federal asciende a $230.000 millones de pesos en términos históricos, que actualizados ascienden a unos 415.000 millones de pesos. Esa cifra significa más del 7% del PBI y duplica el déficit financiero del Estado nacional previsto para todo 2015.

IARAF ponderó además la participación que las transferencias automáticas en concepto de coparticipación de impuestos nacionales y el fondo federal solidario (FFS) sobre el total de los ingresos de los distritos, en la que se contabiliza la recaudación propia. El 59,1% de los ingresos de Córdoba, el 61% de Santa Fe y el 74,2% de San Luis son transferidos por el Estado nacional a través de estos mecanismos.

El promedio nacional es de 54,5%: en los extremos, en Formosa esta dependencia alcanza el 89,3%, mientras que para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esos giros nacionales representan apenas 9,5% de los ingresos.

FUENTE INFOBAE