La Argentina estaría dispuesta a debatir un pago a los holdouts similar al de 2010

La apelación presentada por el Estado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York contempla la posibilidad de que el Congreso debata un pago a los acreedores que no ingresaron en los procesos de restructuración. La reforma de la Ley Cerrojo en el Congreso, clave

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El escrito presentado por el Ministerio de Economía y el estudio de abogados Cleary Gotlieb Steen & Hamilton manifiesta que si el juez Thomas Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago “pro rata” que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, “este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”.

Este punto marca un cambio de estrategia de la Argentina, que por primera vez admitió la posibilidad de un pago a los tenedores de bonos en default que no entraron en los procesos de canje abiertos en 2005 y en 2010.

Hasta hoy, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el embajador en los Estados Unidos y hasta la propia Presidente habían descartado públicamente la posibilidad de un pago a los tenedores de bonos que no aceptaron los procesos de reestructuración lanzados por el kirchnerismo. Es más, la Reserva Federal de los EEUU se había echo eco de estos argumentos ya que un pago a los bonistas en default pondría en riesgo otros procesos de canje similares que operan en medio de la crisis en Europa.

En caso de que la Cámara acepte esta propuesta de la Argentina, será el Congreso el que defina la situación. Para ello es necesario abrir la denominada “Ley Cerrojo”, impulsada por Roberto Lavagna cuando era ministro de Economía de Néstor Kirchner.

La Ley Cerrojo buscó lograr una gran aceptación en el canje I. Se promulgó en febrero de 2005, y en ese entonces se reestructuraba una deuda por casi u$s 100 mil millones. Dentro de esta ley, un artículo especificaba que el Poder Ejecutivo no podría reabrir el canje. El Gobierno podría suspenderla o derogarla y, de esta forma, regularizar el 8% restante de la deuda.

Economistas consultados por Infobae la semana pasada, luego del fallo de primera instancia de Griesa, habían adelantado esta posición intermedia como una alternativa para lograr un fallo que no sea tan desfavorable a las finanzas de la Argentina.

FUENTE:INFOBAE