Los sectores de calzado y textil serían los más afectados ante una apertura de importaciones.

Los sectores de calzado y textil serían los más afectados ante una apertura de importaciones.

Con algunos sectores industriales con la lupa bajo la apertura de importaciones, el Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el lanzamiento del programa de Transformación Productiva, que apunta al centro de una discusión de fondo (y obsesión) de funcionarios y del mismo presidente Mauricio Macri: la competitividad y la apertura al mundo.

Con una especie de ayuda económica que combina facilidades de financiamiento y subsidios, el ministerio de Producción y el de Trabajo, bajo la conducción de Jorge Triaca y Francisco Cabrera, están trabajando junto a empresarios y sindicatos para «mejorar los procesos productivos» de las compañías. ¿Esto qué significa? Puede ser la generación de un nuevo producto, un salto tecnológico o de escala o, por ejemplo, una empresa que desea reconvertirse y generar otro tipo de producto.

Esto se puede dar, por ejemplo, en el caso de empresas de Buenos Aires y Tierra del Fuego, luego de que el Gobierno anunciara la eliminación del arancel para importar computadoras, notebooks y tablets.

Queremos que las industrias que fueron subsidiadas sigan funcionando y sean competitivas», dijo Lucio Castro, secretario de Transformación Productiva, en diálogo con periodistas. Y agregó: «Habrá un financiamiento de hasta $140 millones por empresas dinámicas, y también se les dará asistencia en la presentación e implementación del cambio».

El plan apunta ante todo a la industria, y aunque el Gobierno no detalló cuáles, sí reconocen que hay sectores que necesitan más cambios que otros, como los de fundición y los textiles. «El sector de la fundición tiene el mismo proceso industrial que hace 40 años», aseguró Ezequiel Sabor, secretario de Trabajo.

¿En qué consiste el plan?

Del lado de los empresarios, la principal queja es la falta de demanda en el mercado interno en el marco de una recesión y, en un pedido más concreto, la falta de una reforma impositiva. «Si van a dar los primeros pasos para una mayor libertad comercial, que primero bajen los impuestos», se queja un referente del sector industrial.

Con todo, el programa que se reglamentará la semana que viene es de adhesión voluntaria, y está dirigida a todas las empresas del país, excepto el agro, pesca, minería y servicios públicos.

Las empresas podrán completar un formulario online, y después de 10 días el Gobierno emite un dictamen para definir si la empresa entra en el registro del programa. «Toda la información será pública», aseguró Sabor. Este paso habilita a la empresa a la evaluación.

El análisis del plan de acción será de hasta 10 empresas por mes, que se anotarán siempre de forma voluntaria. Luego, un comité técnico de funcionarios de ambos ministerios y la Agencia Argentina de Inversiones evaluará el informe técnico. Si se aprueba el plan, la empresa tiene 15 días para aceptarlo. El financiamiento de hasta $140 millones por empresa será a tasa bonificada con períodos de pago prolongados.

Más allá del diálogo con las empresas, Castro aseguró que los sindicatos participan de reuniones sobre este lanzamiento, por el estancamiento de la generación del empleo privado y una eventual pérdida de empleos.

Habrá capacitación del Estado a los empleados que asuman nuevas tareas, como así también un seguro de desempleo ampliado para «reinsertarse laboralmente»: por seis meses, recibirán una suma de hasta el 50% del último salario percibido, que tendrá un nivel piso del salario mínimo, vital y móvil, que será de $8.060 a partir de enero.

FUENTE INFOBAE